AUDIENCIA ANTICORRUPCIÓN EN AYACUCHO - Cariñosos mensajes a la corrupción.
La reciente audiencia regional anticorrupción, realizada en Huamanga el 16 de abril, con la organización de la Comisión Anticorrupción del Congreso, nos deja el sabor de haber asistido a una inocente velada de un té de tías o a un congreso de inocentes lobos feroces buscando la forma de matar, en la forma más piadosa, a la Caperucita Roja , involucrando en ello a ingenuos periodistas, que luego nos harán creer que lo único que apesta en Ayacucho es el hediondo caso del Terminal Terrestre. La casuística para la reunión como le llamaron.
Personalmente tuve la percepción de haber asistido a una clase escolar de botánica, donde el profesor describió las funciones de todas las partes de la planta, pero se olvidó de describirnos la raíz. No quiero restarle méritos a la Audiencia ni a sus organizadores, pues quizás ellos, como nosotros, en algún momento hemos sido espolvoreados con ese polvo mágico que alguna bruja traviesa nos roció para hacernos olvidar de que en una discusión grave, debemos tocar de inicio la raíz del problema y no irnos por la tangente. Al grano, como se dice popularmente.
La raíz del problema es otra, la que no les agrada tocar a políticos, líderes, gobernantes, analistas, UNSCH, Colegios Profesionales, Gremios y gran parte de periodistas. Estamos hablando de la ingobernabilidad que impera en la región y en muchos gobiernos locales y que al final de cuentas es la principal promotora de corrupción pública y privada, de terminales terrestres, aliada con la falta de transparencia en toda la gestión pública. Salvo la Defensoría del Pueblo,¿ porqué el resto de los oradores no fueron frontales con el tema, con la raíz del problema?
La descentralización, como Reforma de Estado, ha creado normas legales orientadas a desarrollar capacidades ciudadanas, con el fin de sistematizar estratégicamente la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector civil, que mejoren la calidad de la vigilancia social, la incidencia civil, la transparencia en la Gestión Pública y el mejoramiento de indicadores de Gobernabilidad Democrática Participativa Concertada.
Estos dispositivos legales no se cumplen en Ayacucho. Su incumplimiento es imputable a la Presidencia Regional , al Consejo Regional y a las Municipalidades ayacuchanas. Es una conducta oficial equivocada, sujeta a denuncia judicial de cumplimiento constitucional. Implica también una responsabilidad de la PCM y del Congreso Nacional al descuidar la fiscalización del respeto al cuerpo de leyes descentralistas y participativas aludidas.
La precariedad aludida continúa debilitando las estrategias de concertación de lucha contra la pobreza, erosionándose las posibilidades de construir un dialogo social genuinamente representativo, cohesionado, propositivo, incidente y concertador, que refuerce, además, la vigilancia social sistemática por el cumplimiento de políticas y acciones transparentes y eficaces contra todo vicio de gobierno. La debilidad anotada es cómplice de la corrupción y la creciente inserción de ésta en los niveles de gobierno. De esto no se quiere hablar.
El 07 de abril 2005 se promulgó la Ordenanza Regional 009 -05/GR/CR, publicada el 22 de julio 2006, aprobando el Plan Regional de Participación Ciudadana de Ayacucho. Este Plan Regional nunca ha sido implementado, por los dos gobiernos regionales transcurridos a la fecha. La ley 28273 – Ley del Sistema Nacional de Acreditación de GRs y Locales, en su artículo 7º señala la obligatoriedad de estos gobiernos, de implementar sus respectivos Planes de Participación Ciudadana.
La sistemática negación gubernamental regional, a estos cumplimientos, significa no solamente una violación de derechos. Convierte al gobernante infractor en un diligente colaborador de la sistemática corriente de corrupción que gradualmente se apodera de los poderes públicos y de ciertos sectores de la civilidad, en donde gradualmente, ser honestos será cosa de tontos. Vista la situación desde esta indignante perspectiva, desde esta raíz, se hace imposible dejar de condenar esta sistemática actitud contra la eficacia en gobernabilidad regional y el sistema de transparencia de la gestión pública. Veremos que nos dicen las organizaciones políticas sobre cómo desarrollar capacidades de vigilancia social en la ciudadanía.
Por Andrés Solari.
La reciente audiencia regional anticorrupción, realizada en Huamanga el 16 de abril, con la organización de la Comisión Anticorrupción del Congreso, nos deja el sabor de haber asistido a una inocente velada de un té de tías o a un congreso de inocentes lobos feroces buscando la forma de matar, en la forma más piadosa, a la Caperucita Roja , involucrando en ello a ingenuos periodistas, que luego nos harán creer que lo único que apesta en Ayacucho es el hediondo caso del Terminal Terrestre. La casuística para la reunión como le llamaron.
Personalmente tuve la percepción de haber asistido a una clase escolar de botánica, donde el profesor describió las funciones de todas las partes de la planta, pero se olvidó de describirnos la raíz. No quiero restarle méritos a la Audiencia ni a sus organizadores, pues quizás ellos, como nosotros, en algún momento hemos sido espolvoreados con ese polvo mágico que alguna bruja traviesa nos roció para hacernos olvidar de que en una discusión grave, debemos tocar de inicio la raíz del problema y no irnos por la tangente. Al grano, como se dice popularmente.
La raíz del problema es otra, la que no les agrada tocar a políticos, líderes, gobernantes, analistas, UNSCH, Colegios Profesionales, Gremios y gran parte de periodistas. Estamos hablando de la ingobernabilidad que impera en la región y en muchos gobiernos locales y que al final de cuentas es la principal promotora de corrupción pública y privada, de terminales terrestres, aliada con la falta de transparencia en toda la gestión pública. Salvo la Defensoría del Pueblo,¿ porqué el resto de los oradores no fueron frontales con el tema, con la raíz del problema?
La descentralización, como Reforma de Estado, ha creado normas legales orientadas a desarrollar capacidades ciudadanas, con el fin de sistematizar estratégicamente la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector civil, que mejoren la calidad de la vigilancia social, la incidencia civil, la transparencia en la Gestión Pública y el mejoramiento de indicadores de Gobernabilidad Democrática Participativa Concertada.
Estos dispositivos legales no se cumplen en Ayacucho. Su incumplimiento es imputable a la Presidencia Regional , al Consejo Regional y a las Municipalidades ayacuchanas. Es una conducta oficial equivocada, sujeta a denuncia judicial de cumplimiento constitucional. Implica también una responsabilidad de la PCM y del Congreso Nacional al descuidar la fiscalización del respeto al cuerpo de leyes descentralistas y participativas aludidas.
La precariedad aludida continúa debilitando las estrategias de concertación de lucha contra la pobreza, erosionándose las posibilidades de construir un dialogo social genuinamente representativo, cohesionado, propositivo, incidente y concertador, que refuerce, además, la vigilancia social sistemática por el cumplimiento de políticas y acciones transparentes y eficaces contra todo vicio de gobierno. La debilidad anotada es cómplice de la corrupción y la creciente inserción de ésta en los niveles de gobierno. De esto no se quiere hablar.
El 07 de abril 2005 se promulgó la Ordenanza Regional 009 -05/GR/CR, publicada el 22 de julio 2006, aprobando el Plan Regional de Participación Ciudadana de Ayacucho. Este Plan Regional nunca ha sido implementado, por los dos gobiernos regionales transcurridos a la fecha. La ley 28273 – Ley del Sistema Nacional de Acreditación de GRs y Locales, en su artículo 7º señala la obligatoriedad de estos gobiernos, de implementar sus respectivos Planes de Participación Ciudadana.
La sistemática negación gubernamental regional, a estos cumplimientos, significa no solamente una violación de derechos. Convierte al gobernante infractor en un diligente colaborador de la sistemática corriente de corrupción que gradualmente se apodera de los poderes públicos y de ciertos sectores de la civilidad, en donde gradualmente, ser honestos será cosa de tontos. Vista la situación desde esta indignante perspectiva, desde esta raíz, se hace imposible dejar de condenar esta sistemática actitud contra la eficacia en gobernabilidad regional y el sistema de transparencia de la gestión pública. Veremos que nos dicen las organizaciones políticas sobre cómo desarrollar capacidades de vigilancia social en la ciudadanía.
Por Andrés Solari.
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